martes, 7 de enero de 2014

ANTE LA GRAVE SITUACION GENERADA POR LA DELINCUENCIA REEDICION DE LA COMUNICACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2013


Caracas, 07 DE ENERO DE 2014

Ciudadano

NICOLAS MADURO MOROS
Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela

Distinguido compatriota:

En Venezuela los atracos y crímenes por asesinato suceden con una frecuencia inusitada; muchos de los ciudadanos que conviven en nuestra Patria son sometidos diariamente por un hampa que acosa cada vez más a la población indefensa. 

Miles, quizás cientos de miles de robos suceden anualmente en nuestro país, la estadística no los incluye a todos, pues muchas víctimas no denuncian. Lo mismo pudiéramos decir de otros delitos más graves como son el secuestro, la extorsión, la violación, la trata de personas o el narcotráfico. No obstante, el asesinato es considerado el peor de los crímenes, el más cruel y ha sido atacado y criticado por todas las sociedades desde los tiempos de Caín y Abel.

La muerte de un ser querido, un hermano, un familiar, un amigo o simplemente un ciudadano de este país a manos del hampa se ha convertido en el “Pan Nuestro de Cada Día”; situación que no excluye a policías y militares. Para este año, nada más que en la gran Caracas, 69 agentes policiales y guardias nacionales han sido asesinados. En los últimos días, en la Gran Caracas fueron abatidos: un inspector del CICPC, un efectivo de la policía de Chacao, dos funcionarios de la Guardia del Pueblo y tres agentes de la Policía Nacional. Con estas estadísticas cabe preguntarse ¿qué puede esperar el ciudadano común?

Estamos ante una población indefensa, mudos testigos de lo que sucede en nuestro país, donde la organización la tiene la delincuencia, que además cuenta con el apoyo de allegados y ONG que exigen el respeto de los Derecho Humanos de Delincuentes en potencia, que en multiplicidad de formas “aplastan” día a día el Estado de Derecho y los Derechos Humanos de cada una de sus víctimas, sin ninguna consideración ni piedad.

En Venezuela, la población civil vive en constante zozobra al no saber cuando le tocará ser una víctima más de la desenfrenada inseguridad reinante. Lo único que le queda al ciudadano común es continuar viviendo esa zozobra y acatar el toque de queda impuesto por los delincuentes.

Independientemente del nivel socioeconómico del ciudadano común (que carece de guarda espaldas y del servicio de espionaje que cuide su vida), en el lugar menos pensado o esperado (en el barrio, la urbanización, la tienda, el centro comercial, en el transporte público – incluyendo el Metro de Caracas, en el estacionamiento, etc.) allí lo estará esperando algún(os) delincuente(s) para atracarlo y asesinarlo sin piedad y sin arrepentimiento alguno.

Sin tomar en cuenta otro tipo de delito, las estadísticas revelan que en el año 2012, en Venezuela se registraron más de 16.000 asesinatos, que según cifra oficiales equivalen aproximadamente a unos 44 crímenes diarios o una tasa de 55,2 muertes por cada 100.000 habitantes; incrementándose en un 14 por ciento respecto al año anterior. Adicionalmente, para el primer semestre del año, a pesar de las campañas oficiales para el desarme de la población y del “Plan Patria Segura”, el 78,5% de los homicidios y el 69,5% de las lesiones sufridas fueron producidas por armas de fuego.

En los cuatro primeros meses de 2013 ya suman 3.400 homicidios y, según cifras oficiales, la tasa de homicidio es del 56 por cada 100.000 habitantes; no obstante, según algunas organizaciones, en Venezuela esa tasa es de 71 por cada 100.000 habitantes. Nada más que en septiembre a la Morgue de Bello Monte ingresaron 450 cadáveres; de los cuales la mayoría corresponden a personas que perdieron la vida en hechos violentos.

Cuando alguien es víctima de un atraco (como los que a diario ocurren en Venezuela, que se caracterizan por la crueldad, frialdad y carencia de valores), su familia e incluso la sociedad misma llevan solas el dolor de la perdida de un ser querido. Quizás lo menos que esperan es que el Estado Venezolano con todo su aparato de legalidad, equidad y justicia, apliquen medidas severas que conlleven a frenar la inseguridad desproporcionada que cada vez más nos alcanza y nos cobija.

En general, la población venezolana ve cada día con mayor frustración y angustia el diario asesinato de personas con tanta saña y desenfreno. Muchos compatriotas se encomiendan a Dios en búsqueda de consuelo, protección y seguridad para sus vidas y la de sus seres queridos; creyendo así que, hasta ahora, es la única forma de librarse del hampa y de las macabras estadísticas de crímenes en el país. Aunado a ello, prevalece también el alto índice de impunidad; algunas organizaciones calculan que alrededor del 90% de los asesinatos en Venezuela quedan sin resolver.

La población exige que se apliquen medidas contundentes para enfrentar la delincuencia. LOS DELINCUENTES atentan contra la seguridad del Estado y el Estado de Derecho de cada ciudadano común. Deberían ser catalogados como MERCENARIOS Y TERRORISTAS que por sus acciones desestabilizan al Sistema social, de equidad y de justicia que debería regir; atentando así contra las Instituciones Públicas y Privadas. Además, independientemente de nivel social y pensamiento político, crean desconfianza en los poderes y sistema público venezolano, generando desasosiego, desesperanza, temor y consternación en la población.

En las actuales circunstancias se hace necesario tomar medidas extraordinarias. LA REALIDAD QUE NOS AFECTA, AMERITA CONTUNDENCIA DE LOS PODERES Ejecutivo, Legislativo, Moral - Ciudadano y de Justicia. 

Hay una acentuada defensa por los derechos humanos de los reclusos o privados de libertad, pero lo que no se debe olvidar ni mucho menos desestimar son los DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, al igual que los de sus familiares y el resto de la población sujeta a atracos, robos, secuestros, ataques con armas y asesinatos que impunemente perpetran los delincuentes en nuestro país, enlutando diariamente hogares de nacionales y extranjeros que aquí convivimos.

Pareciera que no hay temor a la Justicia Venezolana. El Sistema Penal en Venezuela es muy flexible, la condena máxima se ha establecido en apenas de 30 años que, inclusive, puede ser disminuida por beneficios que se le otorgan a “internos” (delincuentes) de alta peligrosidad por "buen comportamiento" y otras conductas consideradas como positivas, amén de otras razones relacionadas con vicios en el funcionamiento del Poder Judicial y Penitenciario de nuestro país.

Para delitos como los asesinatos cometidos contra tantos venezolanos y extranjeros en Venezuela, LA PENA MÁXIMA a establecerse debería ser CADENA PERPETUA, con grandes e importantes mejoras en el Sistema Judicial y Penitenciario que garantice así que esos delincuentes queden a buen resguardo y no puedan repetir su mensaje de muerte.

C.C.: Diosdado Cabello Rondón 
Presidente de la Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela